La mala gestión económica del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella sigue teniendo repercusión en subidas de impuestos a la ciudadanía.
En 2023 ya se creó un tipo de gravamen diferenciado del 1% en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para locales de uso comercial.
En 2024, se subió el tipo impositivo del
IBI urbano a todos los ciudadanos, pasando del 0,631 al 0,650, para recaudar más de 5 millones de euros más.
Para 2025, se ha aumentado el
IBI a negocios de ocio y hostelería y también el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) con el objetivo de ingresar, en total, 2,7 millones de euros más.
Y, para 2026, se aprobará en su momento una subida de la
tasa de recogida de basura, aunque ya se ha incluido en el nuevo plan de ajuste 2025-2035, al que se dio el visto bueno en el pleno extraordinario del pasado viernes.
Con esta nueva medida, la alcaldesa pretende recaudar
5.268.529,12 euros más que actualmente.
Desde el PP alegan que esta subida tiene que ver con la aplicación de la
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Pero la ley tiene ya dos años y hasta el momento no se ha repercutido en la ciudadanía, algo que sí se hará en 2026 por la necesidad del
plan de ajuste.
Estas últimas subidas de impuestos son consecuencia del nuevo préstamo que se ha tenido que pedir al
Fondo de Ordenación Estatal por un importe de 23,5 millones de euros.
En total, en los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Marbella ha solicitado al Estado créditos por
85,7 millones de euros, disparando la deuda financiera.
Es la suma de los 43,6 millones que se pidieron en 2021, los 18,6 millones de 2023 y los 23,5 millones de 2024.
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