A última hora de la mañana, el Ayuntamiento difundía una nota de prensa a los medios de comunicación, que hacía pública también en su propia página web, en la que aseguraba que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se iba reunir el próximo martes día 5 de febrero con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para renegociar la deuda por el anticipo reintegrable.
Sin embargo, a primera hora de la tarde, fuentes el gobierno autonómico consultadas por este digital han aclarado que la reunión se producirá con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Al tiempo, la rectificación también llegaba desde el Ayuntamiento, modificando la información inicial.
La noticia va a servir para calmar un poco los ánimos, ya que entre los representantes sindicales, según ha podido saber este periódico, empezaba a exitir cierta preocupación ya que no se conocían nuevos movimientos en este sentido.
Lo último que se había hecho público fue la reunión del equipo económico del PSOE local con Griñán el pasado viernes en Torrox. Desde ahí no ha habido más información sobre posibles contactos y, transcurridos cinco días del plazo de quince que se aprobó en el pleno, el nerviosismo comenzaba a aflorar de nuevo entre los trabajadores.
La convocatoria de esta cita es la respuesta a la carta que se envió el pasado lunes desde el Consistorio, firmada por la alcaldesa, oposición y sindicatos, para solicitar formalmente un encuentro en el que abordar la deuda. También, el martes se había informado de la petición de una reunión con los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento Andaluz por parte de la regidora.
Mientras tanto, esta mañana se ha producido en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) un encuentro entre el presidente autonómico y la alcaldesa, en el que han podido intercambiar algunas palabras sobre este asunto.
Hay que recordar que en el pleno del pasado viernes, en el que quedó sobre la mesa la aprobación del plan de ajuste, se acordó una enmienda en la que se habría un periodo de quince días para negociar con las distintas administraciones públicas, comenzando por la Junta de Andalucía.
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