Los casos 'deslinde', 'PGOU' y 'cargos de alta dirección' dejan paso ahora al caso Opium, una nueva querella contra Ángeles Muñoz que también cae en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.
Presentada en octubre de 2021, hasta ahora no había sido admitida a trámite. Las anteriores acabaron archivadas, en varias ocasiones contra el criterio de la Fiscalía.
Repasamos la relación entre la regidora y el juez Gonzalo Dívar y ese amplio historial de sobreseimientos.
Caso deslinde
En el pleno del 18 de diciembre de 2008, se aprobó el inicio del
expediente de deslinde entre los municipios de Marbella y Benahavís.
Ese día la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se abstuvo por ser parte interesada en el expediente al tener su mansión en los terrenos que se iban a cambiar de municipio.
En
enero de 2009, el grupo socialista planteó una denuncia ante la Fiscalía contra la regidora por los
presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida a autoridades.
El caso cayó en manos del juez
Gonzalo Dívar, que lo
archivó en junio de 2010.
Al margen de no apreciar
ningún delito, reprochó al PSOE la "judicialización de la política" y que basara su denuncia en una "presunción, sospecha o simple adivinación".
Por tanto, no solo exculpó a Muñoz, sino que
reprendió a los denunciantes.
Condecoración
El
30 de septiembre de 2013, durante el acto con motivo del día del patrón de la Policía Local, la alcaldesa
condecoró a Gonzalo Dívar.
Caso PGOU
El 31 de agosto de 2015, el
movimiento ciudadano contra el deslinde entre Marbella y Benahavís, presentó una denuncia ante la Fiscalía por la falsificación de un 30% de los planos del PGOU durante su aprobación en el pleno del 29 de julio de 2009.
Tras un año de indagaciones, el Ministerio Público acordó
el 1 de agosto de 2016 plantear
denuncia contra Ángeles Muñoz, aunque la ciñó a falsedad documentan en el acto de la citada sesión plenaria.
La causa, por segunda vez, cayó también en el Juzgado de Instrucción número 3 de
Gonzalo Dívar, quien decretó el
archivo hasta en dos ocasiones.
En ambas, lo hizo pese a la
opinión contraria de la Fiscalía, que pidió enviar el caso al Tribunal Supremo por la condición de aforada de Muñoz como senadora.
La primera, en agosto de 2017, aunque la
Audiencia de Málaga le ordenó reabrir las diligencias.
Volvió a
cerrarlas en septiembre de 2018, al considerar como único posible responsable al vicesecretario municipal, ya fallecido.
De nuevo intervino la Audiencia Provincial, que ordenó
elevar el caso al Supremo, donde se recibió el 9 de marzo de 2020.
El Alto Tribunal, en un
tiempo récord, apenas siete meses, con pandemia y confinamiento incluidos, decidió
el sobreseimiento.
Los magistrados no le dieron muchas vueltas y dieron por buenos los argumentos que había esgrimido
Dívar en la instrucción.
Caso cargos alta dirección
Durante la época del equipo de gobierno tripartito (PSOE-OSP-IU) se denunció la
contratación irregular de cargos de alta dirección durante los mandatos de Ángeles Muñoz entre 2007 y 2015.
La causa volvió a caer en el
Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, que abrió diligencias en abril de 2017.
En ese momento, Dívar apreció de manera indiciaria que
se habrían cometido dos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos.
En
julio de 2020, tras años después de iniciarse la instrucción, la
Fiscalía señaló ya directamente a Ángeles Muñoz y solicitó que la causa se enviase al Tribunal Supremo.
Pese a ello, el
15 de enero de 2021, el juez Dívar acordó
archivar el caso en un auto en el que volvió a aprovechar para hacer reproches al PSOE, personado como acusación popular.
Donde inicialmente vio indicios de dos delitos, una vez que la causa señaló a Ángeles Muñoz, el magistrado ya no percibió ninguna irregularidad.
Caso Opium
Ahora, una
nueva querella contra la regidora, por el
caso Opium, ha vuelto a terminar en el Juzgado de Instrucción número 3.
Vecinos denuncian prevaricación y delito ambiental y señalan, entre otras personas, a la alcaldesa de Marbella.
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