Este jueves, desde primera hora de la mañana, han tenido lugar en el Ayuntamiento de Marbella
dos plenos extraordinarios, el segundo además urgente, a una semana de que, el próximo viernes, se celebre el ordinario.
Son fruto del caos constante y de la improvisación con la que gobierna Ángeles Muñoz pese a llevar 15 años como alcaldesa.
En la segunda sesión, con los votos del PP se ha dado el visto bueno a solicitar, por tercera vez, la
adhesión al Fondo de Ordenación de Entidades Locales.
El Ayuntamiento de Marbella va a pedir un nuevo crédito, esta vez de
23.480.063,01 euros, para hacer frente al pago de
cuatro sentencias judiciales adversas.
Ello implica que también se haya aprobado la puesta en marcha de un
nuevo plan de ajuste (2025-2035) que implica la subida de impuestos.
En el ejercicio 2025, se espera recaudar
2,7 millones de euros más gracias al incremento del IBI para establecimientos de ocio y hostelería y del IAE.
En total, en los últimos tres años, el Ayuntamiento de Marbella ha solicitado al Estado créditos por
85,7 millones de euros, disparando la deuda financiera.
Es la suma de los
43,6 millones que se pidieron en 2021, los
18,6 millones de 2023 y los
23,5 millones de esta mañana.
Cuatro sentencias
Marbella debe hacer frente a cuatro sentencias judiciales adversas que suman
17.305.151.60 euros del principal más
6.174.911,25 euros de intereses.
Dos corresponden a la
gestión de Ángeles Muñoz y, especialmente, es sangrante una de ellas, la que tiene que ver con los cementerios.
En 2013, la alcaldesa decidió rescatar la
concesión de los cementerios, en manos desde 1995 de la empresa Necrópolis y Servicios S.L.
Al año siguiente, Muñoz la adjudicó a un grupo de empresas formado por dos funerarias, Blay y Vadis, más dos empresas locales, Fernando Moreno y Huete Arquitectos.
La anterior concesionaria acudió a los tribunales y, tras una década de pleitos, ahora hay que indemnizarla con
4.650.982,68 euros.
También de la época actual es el fallo judicial que condena al Ayuntamiento a pagar
6.660.445,77 euros por el justiprecio en la expropiación de una finca en Las Chapas.
Las otras dos sentencias provienen de los líos urbanísticos de la época del GIL.
Por un lado, hay que abonar
2.849.069,78 euros a la empresa Clipeus S.A. por la denegación de la aprobación de un estudio de detalle.
Por otro,
9.319.564,78 euros a la mercantil Kampinas como indemnización por el incumplimiento de un convenio.
Debate en el pleno
El portavoz del equipo de gobierno,
Félix Romero, ha destacado que, pidiendo estos préstamos, "no afectamos a servicios ni inversiones".
"Es un recurso que nos permite hacer los presupuestos con
cierta tranquilidad", ha dicho, y ha reconocido que hay que poner en marcha "medidas para garantizar la devolución" del dinero.
Endeudar el Ayuntamiento es para Romero la solución "más óptima y eficiente" porque, según ha añadido, "no podemos recortar servicios a los ciudadanos".
Y ha vuelto a utilizar eufemismos. "No generamos deuda, reconocemos la que existe, la estructuramos y la pagamos", ha concluido.
Eugenio Moltó (Vox) ha insistido en que se opte por "disminuir los gastos, como nuestros sueldos" y ha añadido que hay que eliminar "gastos innecesarios y competencias impropias".
Daniel Mahíquez (OSP) ha dicho que el nuevo plan de ajuste "supone una revisión de ingresos al alza, subiendo los impuestos, en un círculo vicioso en el que están metidos en su gestión económica".
"Seguimos endeudando este Ayuntamiento teniendo recursos suficientes", ha añadido.
Isabel Pérez (PSOE) ha explicado que esta solicitud del Fondo de Ordenación y el plan de ajuste es "la causa de la subida de impuestos".
Como alternativa para no tener que pedir créditos, ha propuesto que "la Junta pague las obras que son de su competencia y que está financiando el Ayuntamiento".
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