Cumplido el plazo de tres años de investigación, tras distintas prorrogas, la Fiscalía se ha pronunciado con contudencia sobre el llamado caso de los cargos de alta dirección.
En un escrito con fecha 29 de junio de 2020 y firmado por la fiscal Isabel Contreras Bravo, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, pide que la causa se derive al Tribunal Supremo.
Considera que las actuaciones investigadas presentan
indicios de tres delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos y
señala directamente como autora a la alcaldesa,
Ángeles Muñoz.
Dado que
es aforada por su condición también de senadora, solicita que se envíe la causa al
Tribunal Supremo después de que se practiquen una serie de diligencias más que propone al actual juez instructor.
Es la primera vez que en esta causa se señala directamente a Ángeles Muñoz, pese a que estaba muy claro que fue quien firmó los contratos de los cargos de alta dirección.
Ahora habrá que ver cuál es la decisión del
magistrado Gonzalo Dívar, para quien la opinión de la Fiscalía no tuvo especial relevancia en el caso PGOU, también contra la alcaldesa, que archivó por dos veces.
La causa
Fue durante la época del equipo de gobierno tripartito (PSOE-OSP-IU) cuando se denunció la
contratación irregular de cargos de alta dirección durante los mandatos de Ángeles Muñoz
entre 2007 y 2015.
El juzgado de Instrucción número 3 de Marbella
abrió diligencias en abril de 2017 y, tras el primer plazo reglamentario de seis meses, la Fiscalía solicitó que la causa fuera declarada compleja.
Ello hizo posible que se continuara investigando un año más, hasta octubre de 2018, cuando se pidió una nueva prórroga, por otros 18 meses, que también concedió el juez y que venció en abril de este año.
Se investiga la
contratación de 12 cargos de alta dirección en
sociedades municipales y Oales del Ayuntamiento, diez de los cuales figuran como imputados en el caso.
En momento de la apertura de las diligencias, el juez Gonzalo Dívar apreció de manera indiciaria que se habrían cometido dos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos.
Este asunto estalló nada más producirse el
cambio de gobierno en el Consistorio, allá por el mes de julio de 2015. Este personal de confianza finalizó sus contratos pero acudió a los tribunales para intentar quedarse de por vida en la institución.
El tripartito anunció que iba a pedir responsabilidades y, una vez concluidos los procesos en los juzgados de los Social, hubo
ocho readmisiones como personal laboral indefinido, dos llegaron a acuerdos y los otros dos recibieron indemnización.
El equipo de gobierno aportó en aquel momento un completo informe que iba a poner en manos de la Fiscalía ya que, en un cálculo inicial, fijaron en
400.000 euros el daño a las arcas municipales.
Escrito de la Fiscalía
Ahora, más de tres años después de que se abrieran las diligencias, la fiscal señala por primera vez a Ángeles Muñoz, que fue quien firmó con los altos cargos los contratos que están sometidos a investigación.
El
escrito tiene 49 folios y el Ministerio Público analiza, una por una, cada contratación y las vincula a los tres delitos que aprecia.
La fiscal pide el
sobreseimiento de la causa, en relación a algunos de los delitos, para varios de los altos cargos, aunque la mantiene para otros.
También realiza un cálculo del daño a las arcas públicas, aunque no está completo a la espera de que se practiquen las últimas diligencias que solicita.
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