La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el procedimiento par resolver el contrado de concesión para la ampliación del pueto de La Bajadilla, suscrito con la UTE Nasir Bin Abdullah & Sons SL -empresa del jeque propietario del Málaga CF, Ayuntamiento de Marbella y Puerto de Marbella SA.
Esta decisión se toma debido a "un incumplimiento generalizado de las obligaciones del contrato y tras haber obviado el concesionario los reiterados requerimientos efectuados por la Administración sin la más mínima justificación", tal y como explicita el expediente, que también destaca que esto "ha desembocado en una situación de abandono de la ejecución".
Una vez dado este paso, la Consejería otorga al concesionario un periodo de 15 días, a partir de la fecha de recepción del oficio, informándole de la apertura del expediente, para que pueda presentar alegaciones. Posteriormente, la Consejería estudiará las alegaciones y preparará una propuesta de resolución, que será sometida de nuevo a trámite de audiencia. Del mismo modo, recabará informe de los servicios jurídicos y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía antes de resolver definitivamente el procedimiento incoado.
El expediente resume los incumplimientos del contrato firmado el 1 de diciembre de 2011 en cinco puntos básicamente. En primer lugar, en enero de 2012 la UTE debía tener constituida una sociedad anónima como persona jurídica concesionaria de la obra pública. La Agencia de Puertos concedió varias prórrogas a este plazo hasta que, en el mes de marzo, comunicó al concesionario la imposibilidad de seguir dilatando esta obligación.
Ante la magnitud del retraso, en julio de ese mismo año se inició un expediente de penalización que finalizó en octubre pasado con la interposición de una multa de 30.000 euros, sin que el concesionario alegara en contra ni abonara la sanción. A fecha actual aún no se ha constituido la sociedad en la forma exigida por el contrato.
En segundo lugar, el proyecto constructivo de la ampliación del puerto debía presentarse antes de junio de 2012. El 31 de mayo de ese año el concesionario presentó una documentación que, una vez examinada por los servicios técnicos de la Agencia de Puertos, resultó ser el mismo proyecto básico con el que había concurrido a la licitación, careciendo de la concreción necesaria y sin la información y documentación exigidas por la normativa para un proyecto de construcción.
Se concedió una prórroga de tres meses para la presentación del proyecto, sin que tampoco se cumpliera esta obligación, por lo que se abrió un expediente de penalización que impuso multa de 25.000 euros, a la cual no se presentaron alegaciones ni se abonó. Actualmente, el proyecto constructivo aún no ha sido presentado.
En tercer lugar, el contrato recoge la obligación de abono por parte del concesionario de una retribución anual de 750.000 euros los cuatro primeros años, y de un millón los restantes, en contraprestación por los ingresos obtenidos por la explotación del puerto. Este importe debía haberse abonado tanto para el año 2012 como para el año 2013 pero hasta la fecha no se ha ingresado ninguna cantidad por este concepto.
En cuarto lugar, el contrato contempla la entrega al concesionario de una dársena náutico recreativa en funcionamiento de 9.286 metros cuadrados, con 268 atraques para embarcaciones deportivas y diversas instalaciones comerciales y de industria ligera en tierra. Se hacía, por tanto, necesario que el concesionario se dotara de una estructura administrativa que asumiera la gestión operativa y económica del recinto.
Sin embargo, la dotación de personal implantada por el concesionario se ha limitado a la contratación de un solo administrativo, teniendo que ser auxiliado por personal de la Agencia. Tampoco existe un responsable de gestión del puerto con capacidad para dirigir operaciones y adoptar decisiones, por lo que ha tenido que asumir esta función el jefe de zona de la Agencia de Puertos en Málaga Poniente.
En quinto lugar, el concesionario se subrogó en los contratos vigentes en el puerto actual con las empresas prestadoras de servicios de marinería, vigilancia y seguridad y centro de control. En septiembre de 2012 dichas empresas suministradoras comunicaron a la Agencia de Puertos una situación de impago generalizada, que en esa fecha ascendía a 136.000 euros.
Mediante oficio se instó ese mismo mes de septiembre al concesionario al abono de la deuda contraída con las empresas en el plazo de diez días, y de nuevo en enero de 2013 se le insistió en el mismo sentido. En la actualidad, se tiene constancia de la existencia de un impago general a los prestadores de servicios en el puerto con una demora en su abono superior a un año.
El último plazo otorgado por la Consejería de Fomento y Vivienda, de tres meses a contar a partir del pasado 23 de enero, para que el concesionario cumpliera todas sus obligaciones contempladas en el contrato también fue incumplido, sin que se presentara escrito alguno que justificara la actual situación.
Solamente por parte del Ayuntamiento de Marbella se registró el 24 de abril un oficio pidiendo un nuevo plazo de tres meses para dar cumplimiento a los requerimientos realizados, arguyendo que por parte de la UTE se estaban realizando gestiones, pero sin concreción alguna de sus posibles resultados, por lo que tal solicitud no ha sido estimada.
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