La concejal del Grupo Municipal Socialista, Isabel Pérez, ha preguntado sobre el coste que ha supuesto para las arcas municipales, tanto económico como de recursos humanos, la tramitación del expediente para la venta de subsuelo en los aparcamientos subterráneos a construir en determinados viales públicos, cuando tanto en la aprobación provisional en febrero de este año, como en la inicial de julio de 2011, el PSOE ya advirtió sobre su dudosa legalidad, por lo que además se votó en contra en ambas ocasiones.
Al mismo tiempo, la edil ha señalado que el concejal Pablo Moro “ocultó la verdad y mintió a los ciudadanos”, ya que aseguró, como consta en el acta de pleno, que esta modificación se había consensuado con la Dirección General de Urbanismo, cosa que “hemos comprobado con el tiempo que no era cierto”, y más teniendo en cuenta que “esta modificación no cuenta con el visto bueno de la Junta”.
“Una vez más el Ayuntamiento ha despilfarrado los recursos públicos, tramitando un expediente que no tenía viabilidad alguna”, advirtió la concejal, y añadió que además engañaron a la ciudadanía haciéndoles creer que se solucionaría el problema de aparcamiento, cuando la única finalidad de la medida era “recaudar más dinero”.
En este sentido, recordó que la intención del equipo de Gobierno era “vender el subsuelo”, y que una vez aprobada dicha normativa se hubiera podido construir bajo todo el subsuelo de parcelas de sistemas locales y generales.
Desde Izquierda Unida, el concejal Miguel Díaz ha señalado que la decisión del Ejecutivo regional da la razón al grupo municipal de IU, que, en el pleno en que la corporación abordó el asunto, en febrero de 2012, votó en contra de la aprobación provisional. Entonces, los concejales de la formación, durante su intervención sobre este punto en la sesión plenaria, señalaron que “en la enésima modificación del PGOU se daba un paso más al mercadeo del suelo y los espacios públicos que ha sufrido Marbella en las dos últimas décadas”.
“Resaltamos lo peligroso que podía resultar la modificación mediante un uso abusivo o interesado del suelo, ya que permite poner grandes espacios, muchos de los cuales se encuentran en los mejores suelos de la ciudad, a merced de proyectos de intereses particulares”, ha señalado Díaz.
Los ediles de esa formación política han denunciado que el planeamiento que presentó el equipo de gobierno ponía sobre el “tapete del casino urbanístico local” incluso el subsuelo del municipio. Al respecto, Díaz ha recordado que el subsuelo ya acoge usos comerciales, como ocurre con el aparcamiento del centro comercial La Cañada. El PP local, ha señalado el edil, quería extender el “todo vale” al subsuelo de parques, zonas verdes y suelos dotacionales sin restricciones. “Eso no es tolerable. Por eso saludamos la negativa de la Junta”, ha apuntado.
La construcción de aparcamientos en los barrios de Marbella, ha seguido el edil, es uno de los fracasos “más sonados” de la alcaldesa, ya que todos los proyectos que ha presentado para hacer este tipo de equipamientos no han contado ni con la participación de los vecinos ni con la planificación y garantías necesarias.
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