La querella recoge hechos denunciados por los vecinos hasta el verano de 2021, ya que fue presentada en octubre de ese año, aunque tuvieron continuidad también durante 2022.
De hecho, fue este pasado verano cuando saltó a la luz pública la situación de Opium a raíz del
tiroteo con cinco heridos en el mes de julio cuando además en su interior estaba celebrando su cumpleaños
Froilán de Marichalar.
Los juzgados han tardado casi un año y medio en tramitar la querella, que finalmente
ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.
A nivel político, en la diana se ha puesto a la alcaldesa,
Ángeles Muñoz, máxima responsable del Ayuntamiento, y al concejal de Industria,
Félix Romero.
Se apunta el
delito de prevaricación a través de lo que el querellante, un vecino de la zona, considera "conceder autorizaciones ilegales y permitir el funcionamiento" del local.
Según consta en la documentación enviada a los tribunales, Opium recibió en 2014 una
licencia de restaurante sin música con capacidad para
ocho personas.
Basta con conocer un poco el local, pasarse por allí o acceder a su página web para comprobar que realmente es una
discoteca con música en directo, cabina para DJ, hamacas y piscina.
Todo ello, "sin la correspondiente autorización, con la
permisividad del Ayuntamiento y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades locales", dice la querella.
También se explica que el
24 de mayo de 2021 se concedió "de forma irregular" licencia de
música pregrabada al aire libre con carácter ocasional, a la que consideran que no puede tener acceso.
Al otorgarse este permiso, se advirtió a los propietarios de que la actividad deberá desarrollarse en
la terraza anexa, "cuando no consta que exista licencia concedida para terraza", dicen el querellante.
Además, también señalan que "es sobradamente conocido" que
no se trata de una actividad ocasional, sino que es "cíclica y permanente" durante todos los periodos vacacionales.
Otro aspecto importante que también se recoge en el documento es el
ruido que genera el establecimiento y que hace imposible el descanso de los vecinos.
Es una circunstancia que llevan años denunciando "sin que hasta ahora se haya realizado
ninguna actuación tendente al cese inmediato de la actividad perturbadora no autorizada, así como a la autorizada de forma irregular".
"El Ayuntamiento conoce sobradamente el problema, verificado frecuentemente por la Policía Local, reconoce su obligación de solucionarlo abriendo expedientes sancionadores, pero no actúa, no hace nada efectivo", se denuncia.
Y detalla que "se imponen mínimas sanciones que abona el propietario del local sin mayor problema, y continúa la actividad ilícita, al salirle económicamente rentable".
Por el ruido, la querella señala el delito continuado contra el medio ambiente y, por su perjuicio en la salud de los vecinos, un delito de lesiones.
La querella repite constantemente la permisividad por parte del Ayuntamiento de Marbella, al que considera responsable de lo que lleva años ocurriendo.
Por el momento, el juez ha citado a dos de los querellados, los propietarios de Opium. Podría llamar también al concejal Félix Romero.
En el caso de la alcaldesa, por su condición de aforada al ser senadora, si encontrara indicios delictivos tendría que enviar la causa al Tribunal Supremo.
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