En ese escrito expone diversas irregularidades detectadas en el uso del dominio público portuario en el Puerto José Banús de Marbella.
“Hace unos meses nos hacíamos eco de la denuncia interpuesta por
Ecologistas en Acción ante la APPA, en la que tuvimos conocimiento de que la concesionaria había instalado terrazas de bares y restaurantes en aparcamientos sin títulos habilitantes” exponía Durán.
En septiembre de 2024, la parlamentaria solicitó explicaciones en relación con la instalación y uso no autorizado de terrazas en plazas de aparcamiento públicas del Puerto José Banús.
Aunque no recibió respuesta de las autoridades competentes, se ha conocido que el 3 de diciembre de 2024 se inició
un expediente sancionador contra Puerto José Banús S.A.
La incoación del expediente, basado en denuncias presentadas en abril de 2024 por Ecologistas en Acción, concluyó que la concesionaria
ocupó espacios destinados a aparcamientos sin el título habilitante correspondiente.
Como medida inicial, se exigió la retirada del mobiliario y la reposición de los espacios afectados, realizándose además una propuesta de sanción de
6.000 euros, con posibilidad de reducción si se cumplen ciertos requisitos.
Durán considera que “la multa que se ha puesto es pequeña, es ridícula”.
“Cabe recordar que alquilaban por 5.000 euros al mes dos plazas de aparcamiento, por lo que lo que nos queda claro es que la infracción es más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas y esto no se puede consentir”, ha denunciado la parlamentaria de Podemos.
El escrito que ha presentado resalta que las sanciones deben evitar que
la infracción resulte más beneficiosa que el cumplimiento de las normas, como establece la legislación estatal y autonómica.
Asimismo, se cuestiona el carácter potestativo que parece atribuirse la APPA en su propuesta sancionadora.
En el escrito solicita copia de los informes elaborados por la Jefatura de Zona Portuaria Málaga-Poniente en mayo y noviembre de 2024, los cuales atestiguan la
ocupación irregular de espacios destinados a aparcamientos en el Puerto José Banús.
A su vez, plantea por qué la APPA
tardó más de seis meses en abrir el expediente sancionador, pese a que las denuncias y la documentación presentada ya evidenciaban los hechos desde abril de 2024, permitiendo así la continuidad de actividades irregulares.
También se pregunta si se ha abierto un período de prueba para determinar los
beneficios económicos obtenidos tanto por la concesionaria como por los titulares de las terrazas ilegales en los espacios públicos afectados.
Finalmente, solicita confirmación sobre si se ha cumplido la obligación de retirar el mobiliario y restituir los bienes al estado original, tal como establece el acuerdo de incoación del expediente sancionador.
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