La causa, que se consideró compleja, ya que se investiga una importante trama de supuesto enchufismo en el Consistorio durante los mandatos de 2007 a 2015, continúa por tanto adelante y amenaza con cercar a la alcaldesa.
Como ya informó
Marbella24horas el pasado mes de febrero, el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, al frente del cual está Gonzalo Dívar, había decidido ampliar en 18 meses más la investigación.
Tras la denuncia que formuló en su día el gobierno tripartito, se abrieron diligencias en abril de 2017 y, tras el primer plazo reglamentario de seis meses, la Fiscalía solicitó que la causa fuera declarada compleja.
Ello hizo posible que se continuara investigando un año más, hasta octubre de 2018, cuando se pidió una nueva prórroga, por otros 18 meses, que concedió el juez en un auto de
15 de octubre de 2018.
Esa decisión de ampliar el periodo de instrucción fue recurrida por las defensas de seis de los altos cargos imputados. Se da la circunstancia de que cuatro de ellos comparten como abogado a Enrique Sánchez, el mismo que defiende a Ángeles Muñoz en el caso PGOU.
Una de las investigadas, a la que se le ha 'prestado' el abogado, es
Laura de Arce, actual directora general de Turismo del Ayuntamiento.
Recurso desestimado
Pero este intento por paralizar la causa ha sido en vano, ya que según un auto de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, con fecha de 12 de abril de 2019, al que ha tenido acceso este digital, se desestiman los recursos.
Por tanto, el caso sigue adelante, todavía con casi un año más para concluir una instrucción que está siendo más complicada de lo esperado, sobre todo desde que se produjo el cambio de gobierno en el Ayuntamiento (agosto de 2017), y volvió Ángeles Muñoz a la alcaldía.
El juez Dívar ya ha señalado en alguno de sus autos que estaba recibiendo documentación "incompleta".
La última decisión conocida del instructor, y de la que también informó
Marbella24horas el pasado
mes de febrero, fue a instancias del PSOE, que ejerce la acusación popular, pedir al Ayuntamiento que identificara a los funcionarios o trabajadores municipales que realizaron los contratos de alta dirección.
Hemeroteca
Hay que recordar que este caso fue denunciado en la época de José Bernal como alcalde, pero tras producirse la moción de censura parece que no hay tantas facilidades para entregar documentos.
Dado que resulta evidente que desde el Consistorio ahora no se va a presionar contra su propia alcaldesa, la acusación recae exclusivamente en manos del fiscal y también del PSOE, que está personado como acusación popular.
Se investiga la contratación de 12 cargos de alta dirección en sociedades municipales y Oales del Ayuntamiento durante los dos primeros mandatos de Ángeles Muñoz, entre 2007 y 2015.
En enero de 2017, el entonces gobierno tripartito anunció que iba a poner en manos de la Fiscalía toda la documentación, y en abril de ese año se abrieron diligencias en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.
En ese momento, el juez apreció de manera indiciaria que se abrían cometido dos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos.
Coincidiendo con la disolución del Senado para convocar las elecciones generales, que se celebraron el pasado domingo, el PSOE pidió al juez Dívar la imputación de Ángeles Muñoz, al haber perdido su aforamiento.
Dado que la alcaldesa resultó elegida de nuevo como senadora, recuperará esa protección que, por ahora, la mantiene fuera de este caso, aunque todo apunta hacia ella.
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