La construcción de un una sede judicial en Marbella corresponde a la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE hasta diciembre de 2018 y durante los tres últimos años por la coalición entre PP y Cs.
Pero es responsabilidad del Ayuntamiento de Marbella ceder los
terrenos en buenas condiciones para que se pueda llevar adelante. Y ahí es donde encontramos todo tipo de promesas que han ido quedando en nada.
La hemeroteca es, como siempre, demoledora con
Ángeles Muñoz, y en este asunto no es una excepción.
Hasta
tres parcelas distintas ha ofrecido la regidora a la Junta de Andalucía en los diez últimos años.
La primera de ellas, allá por
octubre de 2012, cuando, ya tras una reunión con miembros de la judicatura, anunció la puesta a disposición de 15.000 metros cuadrados en la
avenida José Manuel Vallés.
En plena crisis, Muñoz habló entonces de la posibilidad de que se construyera con
financiación público-privada, como se había hecho en Córdoba.
La supuesta cesión de los terrenos permitió ya que en
mayo de 2013, el entonces parlamentario andaluz
José Eduardo Díaz criticase a la Junta por la falta de avances.
Pero no fue hasta después, en junio de 2013, cuando se informó de que
formalizado el ofrecimiento de los terrenos en Las Albarizas, junto a la guardería municipal.
Ahí nunca se puedo hacer el Palacio de Justicia y hubo que esperar hasta
noviembre de 2018 cuando se planteó la idea de ceder un edificio junto al Hospital Costa del Sol que
perteneció a Juan Antonio Roca, cerebro de la trama Malaya.
“Desde el primer momento teníamos claro que ese edificio podía cumplir con las necesidades", dijo entonces la alcaldesa, olvidando ya la parcela de Las Albarizas.
El
protocolo para la cesión se firmó el 21 de diciembre de 2018, ya tras las elecciones autonómicas que supusieron el cambio de gobierno en la Junta y la llegada del PP.
La idea de utilizar ese edificio abandonado para convertirlo en el Palacio de Justicia duró poco. En octubre de 2019 ya empezó a ver que iba a ser imposible y a culpar al Gobierno central.
Mientras tanto, en aquellas fechas, el
Ayuntamiento de Estepona cerraba un acuerdo para ofrecer una parcela a la Junta para mejorar su sede judicial.
Conocidas eran las importantes dificultades urbanísticas que presentaba el inmueble de Rpca, que hacía incluso necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y añadía más problemas por la cercanía de la autovía.
Aún así lo ofreció y se perdieron muchos meses hasta que se atascó y optó por anunciar unos
nuevos terrenos en la
finca La Torrecilla, al norte de la ciudad, por los que se habían pagado 3 millones de euros.
El responsable de Justicia de la Junta,
Juan Marín, dijo en
octubre de 2019 que a finales de 2020 estaría listo el proyecto. "Estamos esperando los últimos flecos para realizar allí las obras", dijo entonces.
El
25 de septiembre de 2020 se realizó en el pleno la
aprobación inicial de la cesión de estos nuevos terrenos. Mientras tanto, la Junta destinaba en los presupuestos de 2021 solo 75.000 euros a la nueva sede judicial.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz,
acudió a la parcela de La Torrecilla enseguida, el
5 de octubre de 2020, para hacerse una fotografía, decir que se iba a desbrozar y que las obras estarían adjudicadas en 2021.
Pero realmente no fue hasta
mayo de 2021 cuando el pleno
aprobó de forma definitiva la cesión de la parcela. Ahí volvió a cambiar las fechas y dijo que la licitación estaría para finales de 2022.
Lo cierto es que a día de hoy la parcela de La Torrecilla sigue
sin urbanizar y sin crearse los accesos, es un monte, con lo que en ella no se puede construir nada. Esto es responsabilidad del Ayuntamiento.
Además, los presupuestos de la Junta para 2022 no recogen ninguna partida para el Palacio de Justicia de Marbella y sí para los de Estepona o Torremolinos.
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