Las penas de trabajo en beneficio de la comunidad podrán cumplirse en los colectivos de Marbella en Acción

El cumplimiento de estas penas está regulado por el convenio entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que se adhirió en 2006 el Ayuntamiento de Marbella. El objetivo es que se puedan realizar en el municipio en el que residen estas personas.  

En virtud del acuerdo que se ha aprobado esta mañana, los condenados a afrontar esos trabajos podrán hacerlo en asociaciones como Bancosol, Marbella Voluntaria, Ser Humano, Cáritas, Despertar Sin Violencia, Concordia Antisida y Cruz Roja. 

"Antes estas plazas se ofrecían para trabajos en el Ayuntamiento, pero no queremos que haya ninguna duda de que buscamos beneficiarnos de la situación complicada de determinadas personas", ha señalado el portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero. 

Por tanto, las labores en beneficio de la comunidad se harán en las ONGs, aunque con la supervisión municipal como garante de su cumplimiento y de los informes que se envíen a los juzgados.

Según Romero, aún no se ha determinado el número de plazas, aunque ha señalado que la oferta se aumentará respecto a años anteriores. Posteriormente se definirán también los distintos desempeños que se van a hacer.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el abono de los gastos de tutorías y coordinación correspondientes a 2013 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La cifra presupuestada era de 56.627,20 euros, aunque finalmente el coste producido asciende a 54.259,50 euros. 

Además, se ha dado cuenta de la aprobación de once nuevas licencias para negocios en la zona de Las Chapas, correspondientes al pasado mes de abril. 

Por último, Félix Romero ha informado de que se ha dado cuenta de ocho sentencias favorables a los intereses del Ayuntamiento en distintos procesos administrativos relacionados con multas urbanísticas, talas no autorizadas o revocación de concesiones del pasado. 

En ese sentido, ha señalado que se han desestimado las alegaciones realizadas por la empresa Forestgreen by Agroboker respecto a una parcela de 300 metros cuadrados situada en el km 179 de la N-340, en la zona de Guadalpín, que tenía bajo concesión administrativa de 20 años por un importe de 1.081 euros anuales. 

Su uso era exclusivamente para zona verde, aunque allí existe un negocio, con una casa en la que se vende madera tratada, según explicó Romero. Por ello, se inició el trámite para la recuperación de esta concesión, que data de abril de 2003, y ahora se han rechazado las alegaciones, con lo que el procedimiento sigue adelante. 

"El mensaje es claro, el patrimonio municipal solo puede beneficiar a los ciudadanos, nunca a un particular", explicó Félix Romero.