Los servicios jurídicos paralizan una reclamación de la época Gil contra el Ayuntamiento por 3 millones

El portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, han informado esta mañana, tras la Junta de Gobierno Local, de que el Ayuntamiento ha logrado la paralización momentánea de un procedimiento judicial por el que se reclamaban tres millones de euros a las arcas municipales por el alquiler de la flota de vehículos que se firmó en 1991. 

La empresa Alvemotor solicitó al Consistorio, a través de tres contenciosos, el pago de esa cantidad correspondiente al periodo entre 2003, cuando se dejó de abonar el contrato, y 2009, cuando fue resuelto por la Comisión Gestora. Esta reclamación queda ahora en suspenso mientras se resuelve el proceso penal abierto por el Ayuntamiento sobre la legalidad del contrato. 

Todo arranca en 1991 cuando el entonces recién llegado alcalde, Jesús Gil, contrató "directamente y sin ningún proceso de licitación" el aquiler de toda la flota de vehículos del Ayuntamiento a esta empresa, cuya sede estaba ubicada en el Estadio Vicente Calderón, según explicó Romero. 

Entre 1991 y 2003 de pagó el contrato con los precios establecidos de forma "arbitraria entre el alcalde y la empresa", pero a partir de 2003, la entonces regidora, Marisol Yagüe, deja de abonar las cantidades hasta que en 2009 la Gestora resolvió el contrato. 

Alvemotor procedió a reclamar tres millones de euros, que entiende son el coste del periodo entre 2003 y 2009. El actual equipo de Gobierno, según ha informado Romero, respondió con un procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella al entender que el acuerdo con la empresa "se había realizado sin base legal" y que el dinero pagado hasta 2003 "compensaba ya con creces el valor de mercado de la prestación realizada hasta 2009". 

"No solo no le debíamos esos tres millones, sino que era la empresa la que debía al Ayuntamiento porque se le había pagado de más", aclaró Félix Romero. Como consecuencia, ahora se han recibido los autos de los tribunales de lo Contencioso que llevan los procesos en los que se paraliza la reclamación de los tres millones hasta que se sustancie el proceso penal abierto sobre la legalidad del contrato. 

"Es importante porque hemos impedido una carga de tres millones y quizá hasta podamos recuperar recursos de un contrato del que no esperábamos hacerlo", explicó el portavoz municipal, quien añadió que espera que "se haga justicia con lo que fue un arreglo entre el alcalde una empresa afín".