La lucha contra la corrupción de la época gilista en Marbella todavía tiene muchos aspectos por resolver, principalmente la recuperación de dinero en procesos que tienen ya sentencias firmes de los tribunales.
Ahora el Ayuntamiento va a dar un nuevo paso ya que se ha decidido la externalización de un servicio de abogados, que incluye la presencia de
investigadores privados.
El objetivo será rastrear el patrimonio de condenados en procedimientos de
reintegro por alcance y contribuir a la ejecución de las sentencias y a que el dinero vuelva a las arcas municipales.
Según la información a la que ha tenido acceso
Marbella24horas, el Ayuntamiento de Marbella es acreedor de más de
143 millones de euros, así como intereses y costas.
Esa cantidad corresponde a
29 sentencias firmes por responsabilidad contable del Tribunal de Cuentas.
En un documento firmado por el titular de la Asesoría Jurídica, reconoce que el Consistorio "ha intentado impulsar de diversas maneras la ejecución de estas sentencias, pero lo conseguido es
más bien exiguo".
El "principal escollo" que señala es la
averiguación patrimonial de quienes han sido declarados responsables contables y la dificultad para hallar bienes y derechos sobre los que hacer efectiva esa responsabilidad.
Ante esta situación, una de las opciones que va a tomar el equipo de gobierno es contratar "profesionales de la
investigación privada" expertos en el rastreo de bienes.
También se van a incorporar abogados
especializados en jurisdicción contable, especialmente en la ejecución de sentencias.
El informe explica también que actualmente
la intervención del Ayuntamiento en procedimientos ante el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas de Andalucía es "más bien escasa".
Esta es la realidad, más allá de la propaganda que despliega la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que siempre asegura que hace todo lo posible por recuperar el dinero que salió de las arcas municipales.
Ahora se quiere corregir este déficit con la licitación de
un contrato por dos años, con posibilidad de prorrogarlo tres más, con un presupuesto total de
450.000 euros por los cinco años.
El adjudicatario deberá incluir el servicio de "averiguación patrimonial de personas y entidades deudoras del Ayuntamiento por sentencia firme del Tribunal, a fin de posibilitar la ejecución de los fallos y hacer efectivo el
cobro de las responsabilidades contables, de los intereses y de las costas a favor del Consistorio".
Las empresas que quieran presentarse al concurso pueden hacerlo hasta el próximo 9 de mayo.
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