El concejal de Movilidad, Félix Romero, ha realizado esta mañana un balance de lo que han supuesto los
seis primeros años de la nueva concesión del transporte público urbano en el municipio.
El contrato por diez años se firmó
en 2019 con la empresa Portillo-Avanza y entonces se incorporó como gran novedad que los ciudadanos empadronados no pagaran los viajes.
Según Romero, esta medida ha supuesto que los vecinos "se hayan ahorrado 28 millones de euros", aunque la realidad es que el servicio cuesta
7 millones de euros al año al Ayuntamiento.
El edil ha explicado que, de las 11 líneas que había hace seis años, se pasó a las
14 líneas en 2021, lo que supuso un incremento de tres en esos dos años iniciales.
Igualmente, ha destacado que inicialmente se contaba con 19 autobuses y que desde 2022 son 25 unidades disponibles, incluyendo las de reserva.
Preguntado sobre por qué no se habían seguido incrementando tanto las líneas como los vehículos, ha dicho que
el contrato ha llegado ya al máximo en estas dos cuestiones.
"No tenemos más posibilidades", ha dicho, y ha añadido que cuando surgen necesidades se "ajusta el servicio".
Por tanto, hasta 2029, en un nuevo contrato, no se podrá plantear
un aumento de la flota y de las zonas que se cubren con este servicio público.
Romero ha destacado que el cien por cien de los autobuses están
adaptados y que hay cinco que son híbridos.
También ha explicado que existen
91.111 tarjetas de movilidad que permiten no pagar a ciudadanos empadronados.
El concejal ha añadido que el año pasado se registraron un total de
6,6 millones de desplazamientos frente a los 3,5 millones de 2019.
La concesión en Marbella
La anterior concesión administrativa del transporte urbano de viajeros en Marbella se aprobó en el pleno del
4 de mayo de 1989 a favor de Corporación Española de Transporte S.L., conocida como Portillo.
Después, en la época del GIL, se hicieron
dos prórrogas de ocho años, la última de las cuales abarcó desde 2005 hasta julio de 2013.
Desde entonces, el servicio estuvo funcionando en precario, es decir, sin concesión y sin que el equipo de gobierno del PP hiciera nada hasta 2019.
Entonces, se hizo un concurso público en el que se volvió a entregar por diez años a
la misma empresa, Portillo-Avanza, pese a que las quejas eran constantes.
A día de hoy, es un servicio que sigue originando descontento en muchos vecinos, tanto en puntualidad como en otros aspectos.
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