Marbella reclama cinco propiedades de Roca y la subasta de otras dos

La sesión plenaria ha tenido un alto contenido propagandístico por el intento de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, de presentarse como adalid de la lucha contra la corrupción en el municipio y la que ha conseguido que los bienes vuelvan a Marbella. 

Desde la oposición le han afeado este comportamiento y han recordado a todos los lucharon con contra el gilismo desde hace muchos años. 

Ha sido la única parte discrepancia en un pleno marcado, como no podía ser de otra forma por el consenso en asunto de tanta importancia para Marbella y en el que se ha escenificado el comienzo del retorno del dinero expoliado. 

Durante la sesión, se ha aprobado solicitar a los tribunales la cesión de cinco propiedades de Roca, así como la subasta de dos viviendas, aunque ya estaban a la venta a través de internet. 

Además, se ha dado el visto bueno a invertir en el municipio 14 millones de euros procedentes de las responsabilidades civiles en distintas sentencias judiciales por casos de corrupción, así como reclamar 3,6 millones de euros en multas.

Este último aspecto será posible cuando se firme un convenio con el Ministerio de Hacienda en el que se está trabajando y que está recogido en la disposición adicional 27 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Esta normativa, con rango de ley, es la que permite el retorno de los bienes a Marbella. Inicialmente fue definida con el número 24, pero finalmente tiene el 27, según se ha explicado esta mañana.

Las propiedades que se piden son la Finca de la Caridad, tasada en 5,7 millones de euros, los terrenos del helipuerto (770.000 euros), la Finca Siete Corchones (1,6 millones) y los terrenos junto al Hospital Costa del Sol donde se quiere ubicar el nuevo Palacio de Justicia (3 millones). 

Además, a través de una enmienda de Izquierda Unida, se ha añadido a la petición la parcela en la Cascada de Camoján. 

Por otro lado, se reclama la subasta del lujoso apartamento de 535 metros cuadrados en el edificio Poseidón, tasado en 2,6 millones y, también como propuesta de Izquierda Unida, de la de una vivienda en la urbanización La Alzambra, valorada en 1,4 millones. 

Con el dinero de estas subastas, Ángeles Muñoz ha dicho que se acometerán actuaciones para el fomento de la vivienda, tanto parra la venta como el alquiler con fines sociales. 

En todos los casos, estas fincas, terrenos o viviendas se encuentran ubicadas en el municipio de Marbella y se encontraban a la venta en una página web. Ahora se pretende que, o bien pasen a formar parte del patrimonio municipal, o se obtenga dinero por ellas. 

Dinero de la corrupción

Por otro lado, durante el pleno se ha aprobado, siempre por unanimidad, destinar a servicios públicos la cantidad de 13.976.029,50 euros, fruto de la ejecutorias 48/15 y 21/16 de la Audiencia Provincial de Málaga y de la Audiencia Nacional, como pago por responsabilidades civiles.

Para concluir, se ha dado el visto bueno a la firma de un convenio con el Ministerio de Hacienda para que todas las multas que ha recaudado el Estado por los casos de corrupción reviertan en el municipio y no se destinen a cancelar la deuda como ocurría hasta ahora. 

La alcaldesa ha dicho que se va a reclamar en este último apartado una cantidad de 3.672.000 euros, un dinero que ha propuesto que vaya destinado al fomento del empleo. 

Debate

El debate durante el pleno ha estado marcado por la intención de la regidora de apuntarse el tanto, destacando las decisiones ha tomado el Gobierno central cuando ha estado en manos del PP. 

"En 2012 nos aplazaron la deuda con Seguridad Social y Hacienda a 40 años y al 1% de interés, y este año, a través de los PGE, se ha permitido que los fondos obtenidos se destinen a servicios públicos en Marbella", ha señalado. 

Ha apostado por el consenso y la participación a la hora de dar utilidad tanto a las fincas como al dinero que se recupere, en la línea también de los que había solicitado Izquierda Unida a través de una enmienda. 

Muñoz ha vuelto a lanzar una mensaje que lleva repitiendo durante años y que resulta difícil de entender. Ha vuelto a decir que el Ayuntamiento "no se disolvió en 2006 por la corrupción, sino que fue por la situación económica, que era inviable". 

Lógicamente, los partidos de la oposición le han llevado la contraria y ha dejado claro que fue por la corrupción, además de recordar a personas que lucharon durante años como Andrés Cuevas, Antonio Martín o hacer un reconcomiento a la Gestora y a sus miembros. 

El concejal de CSSP, José Carlos Núñez ha dicho que "parte de la ciudadanía de Marbella luchó contra la corrupción, pero otra votó masivamente las mayorías absolutas del gilismo, hay que contar la verdad".