Hay que retroceder mucho en el tiempo, hasta la normalización del Ayuntamiento de Marbella
tras la época del Gil, con la operación Malaya, para encontrar el origen de la ampliación del Hospital Costa del Sol.
La Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, decidió impulsar esta actuación a través de
un modelo mixto con la mayor parte de financiación privada.
Con un presupuesto de casi
50 millones, se entregó una concesión por
40 años a la empresa Costa del Sol S.A., que haría las obras a cambio de explotar dos aparcamientos (superficie y subterráneo), una zona comercial y una guardería.
Pero enseguida, aquel importante proyecto encontró el obstáculo de
Ángeles Muñoz, alcaldesa desde mayo de 2007.
Con apenas unos meses en el Consistorio, la regidora empezó ya a crear problemas y a enfrentarse a la administración autonómica, opiniéndose al modelo público-privado que se había planteado.
En
noviembre de 2007 anunció su intención de vetar partes como la zona comercial y la guardería alegando que era incompatibles con el Plan General.
La entonces consejera de Salud,
María Jesús Montero, hoy en día vicepresidenta del Gobierno, logró que las obras empezaran a
finales de 2008.
El plazo inicial de ejecución era de tres años, por lo que se preveía que
en 2011 estuvieran listas las nuevas instalaciones.
Muñoz paraliza las obras
Todo iba bien hasta que la concesionaria colocó las barreras en el
aparcamiento en superficie, hasta entonces gratuito, para empezar a cobrar.
La alcaldesa decidió paralizar las obras de reordenación del tráfico en los accesos a las zonas de aparcamiento, tanto arriba como el subterráneo.
Aquella batallita contra la Junta se le fue de las manos, porque la empresa entendió que no se cumplían las
condiciones de la concesión y no continuó los trabajos.
También, acudió a los tribunales contra el Ayuntamiento y ganó. En
noviembre de 2013, un juzgado autorizó a Costa del Sol S.A. a gestionar los dos aparcamientos.
El panorama parecía aclararse cuando
en agosto de 2014 se firmó un acuerdo a tres bandas para desbloquear la ampliación, que llevaba parada cuatro años.
Se pactó que la concesionaria recibiría una indemnización de 10 millones de euros y que se aplicaría
un descuento del 40% en el subterráneo para que los vecinos de Marbella aparcaran.
Todo parecía ya sencillo para que se retomaran las obras, pero no fue así. En 2016, la Junta continuaba
exigiendo a la empresa que retomara la ampliación.
Un nuevo mazazo llegó cuando, en
abril de 2017, se conoció que Costa del Sol S.A. había entrado en concurso de acreedores.
Rescate de la concesión
Ante la imposibilidad de retomar el proyecto, la Junta optó entonces por proceder al
rescate de la concesión.
En
noviembre de 2018 se anunció que el Consejo de Gobierno había aprobado una partida de
12 millones de euros para completar la recuperación de la concesión.
Fue ya al gobierno del PP, con
Moreno Bonilla desde enero de 2019 al frente de la administración autonómica, al que le tocó pagar ese dinero y cerrar etapa.
Por delante estaba
retomar las obras con fondos públicos y el nuevo ejecutivo regional fue dando largas con la excusa de realizar el plan funcional.
Los trabajos se reanudaron, por fin, a
finales de 2021 gracias a los fondos europeos captados por el Gobierno de España y que el PP incluso intentó boicotear en Bruselas.
En agosto de 2023 se conoció que la Comisión Europea, el órgano que preside Ursula von der Leyen, asignaba casi
86 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para ampliar el hospital de Marbella.
Después de distintos retrasos añadidos, el
inicio de la actividad asistencial, de momento con el traslado de algunos servicios desde el edificio antiguo, tuvo lugar este pasado lunes, 3 de marzo de 2025.
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