Declaración testifical de gran importancia para aclarar el llamado caso PGOU la que ha realizado este lunes el que fuera portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Marbella, Enrique Monterroso. Ante el juez, en calidad de testigo, ha ratificado lo que lleva años manteniendo públicamente, que los concejales no fueron informados de los cambios a última hora en el documento.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, ha comenzado este lunes las declaraciones testificales con motivo del llamado caso PGOU, en el que se investigan los cambios introducidos en 22 planos del documento, un 30% del total, entre ellos las lindes con Benahavís.
Esta mañana han acudido a la sede judicial en la avenida Mayorazgo tres testigos: el exconcejal de IU Enrique Monterroso, el que fue número 2 de Urbanismo con el PP, Juan Carlos Fernández Rañada, y el director del equipo redactor del PGOU, Manuel González Fustegueras.
Sin duda alguna, el testimonio más importante para aclarar lo ocurrido lo ha aportado Monterroso, concejal entre 2007 y 2015, que vivió en primera persona los hechos y lleva años manifestando públicamente lo ocurrido.
Ahora la diferencia es que lo ha dicho ante el juez que está intruyendo este caso, al que le ha dejado muy claro algo que es clave: que nunca tuvo conocimiento de que se hubieran introducido cambios en el documento que se llevó al pleno del 29 de julio de 2009.
Además, el exconcejal, ha insistido mucho al magistrado en que vea el vídeo de esa sesión, ya que considera que esas imágenes son claves para determinar que en ningún momento se advierte de las variaciones en 22 planos que aparecieron posteriormente.
Declaración larga
Monterroso ha realizado una declaración larga, que ha durado en torno a hora y media, y que después se ha ampliado ya que no estaba muy conforme con la transcripción que se había realizado de sus palabras. Incluso ha recomendado al juez que grabara las posteriores declaraciones.
En la sala, junto al juez, estaba el fiscal, los abogados de las dos personas imputadas hasta el momento, el vicesecretario municipal y la exconcejala de Urbanismo, Alba Echevarría, y dos letrados más, los de Ángeles Muñoz y el del PSOE, que figura como acusación popular.
A su salida de los juzgados, el exedil del IU ha atendido amablemente a los medios de comunicación para explicar por dónde había ido su testimonio.
"Tengo documentación de la época y he podido declarar, y espero que también demostrar, que la única documentación en poder de los concejales que estuvimos en aquel pleno era la misma que fue a la comisión de Urbanismo dos días antes, referida al documento que envió el equipo redactor el 12 de junio", ha dicho.
Por tanto, Monterroso deja claro ante el juez que nunca se les informó de los cambios que se querían introducir. Es más, el exconcejal ha explicado a Gonzalo Dívar que no tuvo acceso a esas variaciones en 22 planos hasta que "una persona" se las entregó en septiembre de 2016, es decir, siete años después.
"Ha habido muchas preguntas referidas a si éramos conscientes o no de los cambios, todas tendentes a aclarar cuál fue la documentación que estudió el pleno", ha añadido.
Al margen de sus palabras, Monterroso ha pedido que se aportara el vídeo del pleno del 29 de julio de 2009. "Frente a las palabras y a la memoria tienen un valor incalculable las imágenes porque ponen las cosas en su sitio", ha dicho.
Pero el vídeo no se ha proyectado durante su declaración, aunque sí obra en poder del juez, ya que se lo requirió al canal M95 TV.
"Yo tengo claro el relato y lo he expuesto", ha dicho el exconcejal, añadiendo que también le habían preguntado sobre los motivos de que se negara, ya en septiembre, a aprobar el acta del citado pleno.
"Había asuntos no dictaminados (que no habían pasado por la comisión) que se habían introducido", ha relatado. "Tuvimos conciencia de que se habían producido cambios y su naturaleza mucho después, porque en el pleno no éramos conscientes de la profundidad que tenía", insistió.
Actas del pleno
Enrique Monterroso se ha ceñido también al contenido de las actas. La del pleno del 29 de julio contiene "tres acuerdos muy claros", según ha explicado: la respuesta a las alegaciones, la propia revisión del PGOU y la suspensión de licencias.
"No se habla de nada más", ha añadido. También ha señalado que le han preguntado si al citado pleno asistieron miembros del equipo redactor. "Yo creo que no, allí no los reconocí al menos ese día, a mi juicio no estaban", ha dicho al juez.
El que fuera portavoz de IU en el Ayuntamiento, ahora ya retirado de la política activa, ha querido aclarar también que acudía al juzgado "no por voluntad propia, sino porque me han citado".
"Ha pasado mucho tiempo y no tengo inquina contra ninguno de los encausados", ha dicho, y también se ha mostrado confiado en que se pueda arrojar luz a este oscuro asunto en la Marbella postgilista.
"Va a depender del grado de estudio que haga el juez de las pruebas y de la documentación, las tiene en su mano, con mi declaración y sobre todo el vídeo, tiene argumentos objetivos", ha concluido.
Hay que recordar que la alteración a última hora del PGOU de 2010 fue denunciada por el movimiento antideslinde ante la Fiscalía y derivó, tras un año de investigación, en una denuncia por presunto delito de falsedad contra el exalcaldesa Ángeles Muñoz y el vicesecretario municipal.
El asunto se está investigando ahora en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, donde se debe determinar si finalmente se da traslado al Tribunal Supremo para que continúe adelante al estar implicada la ahora senadora, que es aforada.
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