Conocidas eran las importantes dificultades urbanísticas que presentaba la ubicación en el inmueble que fue propiedad del principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, y que hacía incluso necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Pese a ello, Muñoz insistió en plantearlo como el lugar adecuado, una iniciativa que ahora, con muchos meses perdidos, ha tenido que descartar.
Los motivos que ha explicado esta mañana son la imposibilidad de "disponer como tramo urbano esa zona de la A-7 para poder realizar el proyecto".
Probablemente, aunque no lo ha explicado demasiado, se ha referido a la zona de limitación a la edificabilidad, que en el caso de una autovía es de 50 metros, una distancia que no se cumplen este caso.
Muñoz, en su línea, ha dicho esta mañana que ese límite no se cumple en otros puntos de la autovía, como si eso justificara que el Ministerio de Fomento lo tuviera que permitir en este caso.
La alternativa, una parcela al
norte de la zona de la Torrecilla, junto a la carretera de Ojén y el cementerio Virgen de Carmen, de
38.500 metros cuadrados.
Ha explicado que la Junta de Gobierno Local del pasado lunes dio luz verde al abono de casi 3 millones de euros derivado de una resolución judicial para recuperar la parcela y ofrecérsela a la Junta, cesión que se aprobará en el próximo pleno.
En estos terrenos, la Consejería de Justicia tendrá que asumir ahora el coste de
levantar un edificio nuevo, en lugar de remodelar, como estaba previsto, el esqueleto que ya existía en el elegido junto al Hospital, por lo que se necesitará una partida presupuestaria mayor, que aún se desconoce.
Hay que recordar que Ángeles Muñoz firmó el pasado 21 de diciembre el convenio para ceder el edificio de Roca a la Junta para albergar el Palacio de Justicia.
Desde entonces, ha sido incapaz de normalizar la situación de un inmueble que ya se sabía que tenía muchos problemas.
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