Los concejales de OSP, Manuel Osorio y Rafael Piña, han comparecido esta tarde en rueda de prensa para facilitar los detalles de la querella que han presentado por la mañana en los juzgados de Marbella contra Muñoz, León y Vallés y que queda abierta a los miembros de la Junta de Gobierno Local y funcionarios cuya actuación pudiera ser constitutiva también de delito.
Los ediles han señalado que "no queremos judicializar la política" pero han justificado esta medida ante la "falta de transparencia" del Equipo de Gobierno y las "importantes irregularidades que está cometiendo y que hemos podido detectar".
Por ello, han presentado una querella criminal por un presunto delito de prevaricación contra Ángeles Muñoz, Baldomero León y Federico Vallés por el nombramiento de estos dos últimos como directores generales tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló, el pasado mes de abril, la presencia de concejales no electos en los gobiernos locales.
El escrito que está ya en el juzgado se fundamenta en diez puntos en los que OSP relata las irregularidades que a su juicio se han cometido en el proceso para contratar a León y Vallés como cargos directivos y que anunció la alcaldesa antes de convocar las plazas.
Entre esos aspectos, según explicó Piña, destaca que la ley de presupuestos para 2013 "prohibe la creación de nuevos puestos de trabajo" en el sector público, algo que también estaría vetado en función del plan económico-financiero que aprobó el Ayuntamiento para este año.
Además, consideran que la Ley de Bases de Régimen Local establece que los directores generales deben ser funcionarios (algo que no es Federico Vallés) o, en su defecto, contar con una decisión del pleno, algo que no se hizo.
OSP sostiene también en su querella que la fijación de las retribuciones de estos cargos debe realizarlas el pleno y no la alcaldesa o la Junta de Gobierno, y denuncia también que no ha existido oferta pública, ni bases para la convocatoria, ni se ha seguido el procedimiento habitual para la provisión de puestos y se han incumplido los principios de concurrencia.
Rafael Piña también ha explicado que hubo un segundo aspirante al puesto de Director General de Deportes, una persona que "lleva 25 años en el Ayuntamiento y con una amplia experiencia en la materia, mientras que la de Federico Vallés es de un par de años".
Por último, el portavoz de OSP citó otros aspectos como la falta de motivación en los nombramientos o la ausencia de imparcialidad, puntos que también se argumentan ante el juzgado.
"Entendemos que hay indicios suficientes para la querella y no nos va temblar la mano", dijo Piña, quien añadió que "sabemos que es la lucha de David contra Goliath, una batalla titánica, pero esperamos que la justicia haga su trabajo".
El concejal Manuel Osorio, por su parte, dijo que "no tenemos nada contra Baldomero León ni Federico Vallés, sino contra la actitud de falta de transparencia y de claridad en el Ayuntamiento".
El edil destacó el "importante esfuerzo económico" que supone este proceso judicial para las arcas del partido, aunque sostuvo que "se amparan en que la justicia cuesta dinero para hacer muchas cosas".
Desde el Equipo de Gobierno no han tardado en responder. El coordinador general de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, ha asegurado que el procedimiento de contratación de los directores generales de Deportes, Federico Vallés, y Participación Ciudadana, Baldomero León, “ha cumplido escrupulosamente los requisitos que marca la ley”.
Rubio ha asegurado en respuesta a la demanda presentada por Opción Sampedreña que “el procedimiento de contratación contó con la publicidad y la concurrencia que marca la ley y además las plazas ya existían porque se habían creado por la Junta de Gobierno Local”.
“Una vez más la formación sampedreña demuestra su desconocimiento más absoluto y radical sobre el funcionamiento de la administración pública, evidenciando una total falta de solvencia política”, ha afirmado el responsable de Personal.
Por último ha recordado a OSP que “los nombramientos de cargos directivos son competencia de la Junta de Gobierno Local, no de la alcaldesa, y que si detecta una irregularidad en un procedimiento administrativo tiene que acudir a esta vía, no a la penal”.
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