- Pedro Román, durante su declaración en la Audiencia Nacional.
El ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Pedro Román, ha sido el segundo acusado en declarar durante el juicio del caso Saqueo II y, en la línea de Julián Muñoz, ha negado que tuviera capacidad de decisión en el Consistorio, que correspondía "única y exclusivamente" al alcalde, Jesús Gil. También ha señalado que había días de "700 firmas" por lo que su firma se convirtió en un "garabato".
El Ministerio Fiscal solicita once años de prisión para Pedro Román por delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito contra la Seguridad Social. El concejal y teniente de alcalde desde junio de 1991 a 1998 perteneció también al órgano de administración de varias empresas municipales, que supuestamente se utilizaban para el desvío de fondos.
"Jamás estuve en los centros de decisión ni administré ninguna sociedad municipal porque no era mi misión", ha señalado Román durante la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional.
Según explicó, fue el asesor personal de Gil, el abogado José Luis Sierra, el que creó "18, 20 ó 22 sociedades" y fue también la persona que le comunicó que le había nombrado presidente de todas ellas. Como Sierra era una abogado de "prestigio" y persona de confianza de Gil, no puso objeciones. "Muy bien, lo que hagáis", recuerda que les dijo.
Pero Román sostiene que "nunca gestioné ni administré ninguna sociedad" y que los convenios los firmaba pensando que todo estaba "correcto". También señaló que había días de "500, 600 y 700 firmas" por lo que la suya se convirtió en un "garabato".
Como consecuencia de tanto trabajo, dijo que "un año y pico" después de que le nombraran presidente pidió que le "quitara de todas porque no daba abasto".
En la misma línea que Julián Muñoz ha explicado que Jesús Gil estaba casi siempre en Madrid o en el Club Financiero y que la "cara ante el pueblo" la ponía él, por lo que era una alcalde accidental pero "sin poder mandar". Y aclaró que "aunque el alcalde no estaba, cualquier orden económica era suya, del señor Gil".
Siguiendo instrucciones de Jesús Gil, autorizaba los gastos y las liberaciones de fondos para las sociedades. "Ningún concejal tenía capacidad para disponer porque si no duraba cinco minutos en el Ayuntamiento", añadió.
Respecto a la liberación de 4.000 millones de pesetas en favor del arquitecto Carlos Monteverde, según acusa el fiscal, por contratos entre 1996 y 1998, negó tener relación con esa operación de forma directa. "Yo no me enteraba", señaló.
Tras suspenderse la sesión, Pedro Román continuará su declaración el próximo lunes día 22 de abril.
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