Piden 11 años para Muñoz y del Nido por supuestas irregularidades en la contratación de obras

Además de Muñoz y Del Nido, hay otras once personas acusadas, entre ellas dos hermanos del letrado, para los que se piden diez años para uno y diez años y medio para otro, y varios ex funcionarios municipales, incluido el interventor. En total, las penas que se piden superan los cien años de prisión.

El Ministerio Público considera que la familia Del Nido, a instancias del entonces alcalde accidental de Marbella, creó la empresa Fergocon, a la que se le adjudicaron obras desde el Ayuntamiento por un valor de seis millones de euros durante un periodo de apenas un año. Los trabajos, o no se realizaron, presentándose facturas falsas, o se sobrevaloraron, ocasionando un perjuicio de más de 1,6 millones de euros a las arcas municipales, cantidad de la que piden que se hagan responsables los hermanos Del Nido en un 80% y el resto de acusados en un 20%. 

El fiscal sostiene también que la citada empresa se creó con el fin "prácticamente exclusivo" de realizar obras para el Ayuntamiento y facilitar el traspaso de los bienes del Consistorio a la familia Del Nido y al propio Julián Muñoz.

La acusación considera que de mayo de 2001 a diciembre de 2002, en una primera fase, Muñoz llevó a cabo un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar obras públicas, sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni autorizacion del pleno municipal ni de comisión alguna. Además, se producía un fraccionamiento en la facturación como medio "burdo y grosero", según la Fiscalía, para eludir la normativa administrativa. 

En una segunda parte, se procedía a la "ejecución aparente" de los trabajos adjudicados por los que la empresa emitió 501 facturas a una sociedad municipal por un importe de cinco millones de euros. 

El escrito de acusación pone de manifiesto que en el proceso era necesaria la "connivencia de los técnicos municipales", dos de los cuales están acusados, así como el coordinador de obras y después concejal, Vicente Manciles.

La tercera fase es el abono de las obras por parte del Ayuntamiento, bien a través de la entrega de bienes inmuebles mediante convenios de dación en pago entre una sociedad municipal y Fergocon, o bien con el abono de cantidades de dinero por transferencias bancarias. 

El entonces interventor municipal, para el que se piden seis años de cárcel, "no ejerció su función" y pasó de "ser sancionado a percibir retribuciones". Los reparos de este funcionario público "habían paralizado la sangría de fondos públicos", sostiene el fiscal.