Según ha informado este miércoles el Comité de Empresa del hotel, el
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Marbella ha admitido e incoado el correspondiente procedimiento para estudiar esta solicitud.
La demanda interpuesta por
Grisoma se dirige contra una de las propietarias en conflicto, la
mercantil SPV Spain Project 17 SLU.
Para intentar buscar una solución, el juzgado ha citado a las dos partes el próximo
7 de febrero.
Los trabajadores han mostrado su confianza en que pueda adoptarse
una medida cautelar que permita reabrir el hotel al cien por cien para mantener a todos los trabajadores.
Se solicita a la autoridad judicial que "evite que se interrumpa, impida, perturbe o entorpezca la explotación de cualesquiera inmuebles y espacios que integran la unidad productiva del Hotel Guadalpín Banús".
También se pide que declare la obligación de esta propietaria de mantener sus fincas en el
Régimen de Explotación Hotelera y de Unidad de Explotación por parte de Grisoma.
Los trabajadores entienden que una decisión cautelar
no supondría perjuicio a ninguna de las partes en conflicto ya que "la propietaria cobraría el importe de las rentas de los contratos en disputa".
Es la esperanza a la que se aferran ahora mismo, a la espera de que se produzca una sentencia definitiva, pero que al menos les permita seguir en sus puestos.
Una parte de la plantilla se encuentra desde el pasado verano en un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y se teme por el cierre total.
El Hotel Guadalpín Banús, de cinco estrellas, entró en concurso de acreedores desde 2009 y en los últimos años se ha visto afectado por el conflicto entre la empresa explotadora y algunos de los propietarios de parcelas donde se asienta el hotel.
Dos de ellos,
SPV Spain Project 17 SLU y
Caja Rural de Granada reclamaron recuperar sus posesiones.
Los trabajadores lograron parar las
órdenes de desalojo en noviembre de 2021 y en mayo de 2023, pero no pudieron evitarlo unos meses después, en julio.
En
octubre de 2023, una decisión de la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga concedió la explotación completa a Grisoma y todo parecía arreglarse.
Pero, ya en 2024, se dio marcha atrás tras un recurso de las dos propietarias y se fijó otro
lanzamiento de desahucio que se ejecutó el pasado 11 de julio.
Desde entonces, los trabajadores siguen luchando, sin encontrar el apoyo de la
Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Marbella.
Con esta petición cautelar, esperan al menos una solución temporal al problema que llevan sufriendo ya durante medio año.
El hotel sigue abierto, pero con parte de las instalaciones cerradas, incluyendo restaurantes, salas de reuniones y el parking, motivo por el que ofrece un 20% de descuento a sus huéspedes.