La carta, a la que ha tenido acceso
Marbella24horas, está firmada por María Antonia Alcaide Lastre, coordinadora de
Aministía Internacional en Málaga, y va dirigida directamente a la alcaldesa.
Esta organización dedicada a la defensa de los derechos humanos expresa su "preocupación" por la compra de 15 táser, como adelantó este digital el pasado
8 de mayo.
Consideran que debe elaborarse un
protocolo público de uso por parte del Ayuntamiento de Marbella, así como garantizar la
formación de los agentes, tanto en el uso como en los riesgos.
También señalan que debe establecerse un mecanismo de
rendición de cuentas "tanto a nivel interno como a nivel externo".
En el documento, Amnistía Internacional explica las características de estas armas de electrochoque y los peligros que pueden suponer e incluso hasta causar la muerte.
No se posicionan en contra de las táser, pero sí apuestan por
tomar precauciones para su uso y piden que "estén sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego".
Consideran que solo deben formar parte del armamento policial "si existe una necesidad operativa real y su uso se limita, al igual que con las armas de fuego, a situaciones en las que existe riesgo para la vida o integridad física del agente o de terceras personas".
"Las armas de electrochoque no deberían utilizarse para el día a día de la actividad policial", señalan en la carta enviada a la alcaldesa.
El documento recoge la
preocupación no solo por la compra de las táser, sino los motivos para ello, que plasmó el equipo de gobierno en un decreto que hizo público
Marbella24horas.
La organización no considera que esté justificado utilizarlas "para evitar el contacto físico ante el riesgo de un contagio por COVID-19", ya que "presenta riesgos para la persona contra la que se utiliza".
Aministía Internacional pide la "prohibición de uso de este tipo de armamento contra determinados
colectivos especialmente vulnerables, debido a los graves efectos que puede tener contra ellos".
Para concluir la carta, solicitan información sobre aspectos como cuántas pistolas táser se han comprado finalmente, las unidades policiales que las van a poder usar o la formación previa que tendrán los agentes.
También preguntan si se están elaborando protocolos de uso y si se harán públicos, y los mecanismos previstos para evaluar el uso de este tipo de armas y "para garantizar la correcta rendición de cuentas".