Roca reconoce un pago de 17 millones de pesetas al arquitecto Monteverde por orden de Gil

El juicio por el caso Saqueo II ha continuado esta mañana en la Audiencia Nacional con la declaración de Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y antiguo gerente de la sociedad municipal que se encargaba de esta materia, Planeamiento 2000. 

Roca ha señalado que en 1997 Jesús Gil le ordenó el pago de 17.372.159 pesetas a través de la citada empresa al arquitecto Carlos Monteverde para la "remodelación" del Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, trabajos que desconoce si se llevaron a cabo aunque señaló que hubo remodelaciones "constantes" en esta instalación. 

Además, ha explicado que este fue el "único pago" que hizo a Monteverde, y ha añadido que se construyeron "muy pocos" proyectos de los que se le encargaron a este arquitecto, persona de confianza de Jesús Gil. 

Juan Antonio Roca también ha reconocido que en 1999 transfirió nueve millones de pesetas a la empresa Plan Las Albarizas, de la que era gerente, y que "no tuvo ninguna actividad". 

Ha recordado también que en Planeamiento 2000, siguiendo indicaciones de Alcaldía, realizaba contrataciones "temporales" de seis meses hasta que le dijeron que no podía seguir continuar con este tipo de contratos. En ese momento, según ha dicho, se le ordenó que transfiriera a esos trabajadores a Plan Albarizas, sociedad que, ha insistido, "nunca tuvo actividad más que trasladar a una parte del personal desde Planeamiento" para hacer fijos sus contratos. 

Respecto a los salarios de los trabajadores de ambas sociedades, ha explicado que se pagaban en "efectivo" y que "todas las transferencias realizadas a Plan Albarizas eran para nóminas". 

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la sociedad Plan Albarizas recibió transferencias de 2.900.000 pesetas desde otras sociedades entre 1994 y 1996 y otras 800.000 pesetas entre 1998 y 1999, cantidades cuyo fin público se desconoce. 

Respecto a su trabajo para revisar el Plan General de Ordenación Urbana ha dicho que se ofreció a todos los funcionarios del Ayuntamiento la posibilidad de colaborar en el proyecto en horario de tarde, labor por la que recibían retribuciones fuera de nómina y gratificaciones por resultados. 

Para Juan Antonio Roca la Fiscalía pide siete años de cárcel por delito continuado de malversación de caudales públicos y otros tres años por un delito continuado contra la Seguridad Social.