La nota, enviada por correo electrónico, la firman siete de los ocho cargos que, según informó el Equipo de Gobierno el pasado día 14, habían planteado una demanda contra el Ayuntamiento para continuar en sus puestos.
En el comunicado aparecen los nombres de Miguel Ángel Lavela Encina (Puerto Deportivo), Bernardo Alcalde Garabito (Palacio de Congresos, Difusión y Comunicación 2000 y RTV Marbella), Antonio Mata Rodríguez (Puerto Deportivo y Transportes Locales 2000), Francisco Ramos Sánchez (OAL Servicios Operativos), Alicia Aguilar García (RTV Marbella), Laura de Arce Sánchez de la Poza (Palacio de Congresos) y Eduardo Parras Lázaro (Puerto Deportivo).
Solo queda fuera de esta nota pública Manuel Fernández Megías (Control de Limpieza, Abstecimiento y Suministro 2000), respecto a los ocho antes mencionados.
Los firmantes quieren mostrar su "más rotunda disconformidad y oposición" a las noticias sobre las demandas que han presentado contra el Ayuntamiento ya que consideran que "se está creando una apariencia equivocada con la única intención de perjudicar al Partido Popular".
Consideran un "hecho incierto" que sean personal de confianza y que quieran aferrarse a sus puestos de trabajo. Al contrario, sostienen que son "personal laboral".
"Habiendo sido contratados laboralmente y cesados en nuestros puestos de trabajo sin indemnización alguna tras años de antigüedad, hemos decidido de forma individual demandar por despido improcedente, acción a la que todo trabajador tiene derecho si se siente perjudicado, debiendo ser los tribunales quienes resuelvan el litigio", señalan.
Todos ellos, salvo los casos en los de Laura de Arce y Alicia Aguilar, que finalizan contratos, fueron destitutidos por el Equipo de Gobierno del PP unos días antes de la toma de posesión del nuevo alcalde, según se informó el pasado día 14.
Los siete exaltos cargos insisten en que "no existe ningún plan apoyado por el PP, como se ha venido manifestando estos días" ya que sus demandas son "individuales".
De paso, aprovechan su nota pública para arremeter contra José Bernal, al que acusan de supuestamente haber hecho lo mismo, aunque en este caso con una diferencia evidente y es que era cargo público.
"Nos sorprende que sea el actual Equipo de Gobierno el que realice estas acusaciones, cuando el señor Bernal también solicitó su indemnización al dejar de ser parlamentario en la Junta de Andalucía, que según publicó el diario ABC ascendió a 11.500 euros, reconociendo así su derecho a percibir la compensación al trabajo realizado, el mismo derecho que nos acoge actualmente a los actuales demandantes", concluyen.
De todas formas, según se informó al facilitar esta información el día 14, estos siete cargos no solicitan una indemnización, sino que quieren continuar trabajando en el Ayuntamiento como personal laboral indefinido.
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