En estas dos localidades, según informa la Guardia Civil a través de un comunicado, se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios, deteniendo a tres personas (uno de ellos auxiliar de farmacia, que cargaba irregularmente medicamentos a tarjetas sanitarias de pensionistas) por delitos contra la Salud Pública (por despachar medicamentos sin cumplir con las formalidades previstas y por traficar con sustancias dopantes), falsedad documental, usurpación de estado civil y estafa.
Del mismo modo han sido imputados 23 médicos como cooperadores necesarios al no cumplir con los protocolos básicos establecidos como son la observación del paciente o al menos de revisión de su historial clínico. Según ha podido saber este digital, una de las farmacias afectadas está en Puerto Banús.
La operación se inició a finales del pasado año cuando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Málaga (EDOA) en colaboración con la Inspección de Farmacia de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, detectaron que una determinada oficina de farmacia tenía un volumen de ventas del fármaco “Rubifén” muy superior a la media.
Continuando con las investigaciones y tras analizar y estudiar el resto de ventas de este punto farmacéutico, se pudo observar que se despachaba un elevado número de fármacos anticancerígenos, susceptibles de ser usados en el mercado negro para el aumento del rendimiento en los deportistas.
Inicialmente el cabecilla de esta trama, como empleado de una farmacia, utilizaba las tarjetas sanitarias de pensionistas clientes de la misma para cargar en ellas los medicamentos objeto del fraude que posteriormente él retiraba en su farmacia.
Durante la investigación, a través de distintas declaraciones testificales, se ha podido verificar que ninguno de los titulares de las tarjetas sanitarias utilizadas (todos ellos pensionistas exentos de aportación) habían solicitado ni recibido estos medicamentos y que nunca habían padecido las patologías para las que estaban indicados; llegando incluso a prescribirse a nombre de hombres fármacos indicados para el cáncer de mama (Letrozol y Anastrozol) y a nombre de mujeres fármacos para el cáncer de próstata (Bicalutamida).
Este procedimiento dejó de usarse por el principal encausado cuando algunos facultativos se percataron de que, aprovechando de su confianza, se habían prescrito gran cantidad de medicamentos de elevado coste sin seguir el protocolo básico de observación del paciente o al menos de revisión de historial clínico.
A raíz de lo anterior, consiguió la dispensación fraudulenta de dichos medicamentos y de ciertas sustancias anabolizantes (Wistrol y Depot entre otras) mediante la presentación de informes clínicos falsificados y recetas privadas falsificadas.
Debido a que los fármacos dispensados estaban consignados a nombres de pacientes pensionistas, la totalidad del importe de los mismos era posteriormente satisfecho por el S.A.S. o por MUFACE según los casos, superando el total los 500.000 euros.
Efectos y sustancias incautadas
En el registro practicado en la vivienda del principal investigado se incautaron diversos fármacos, entre los que destaca el Sutent (fármaco anticanceroso de diagnóstico hospitalario), cuyo envase de 50 mg. tiene un valor de 5.312 euros, superando el valor de los medicamentos incautados los 60.000 euros. Asimismo se encontraron once sellos falsificados a nombre de médicos, varios talonarios de recetas de MUFACE, más de cien recetas del SAS con su correspondiente cupón precinto, y material informático con el que se había realizado las falsificaciones de los informes médicos.
Entre los detenidos e imputados, se encuentran veinte personas de nacionalidad española, dos italianos, dos cubanos, un rumano y un serbio.
Las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 05 de Marbella, ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Málaga, con la colaboración de la Inspección de Farmacia de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretándose libertad con cargos para dos de ellos y prisión eludible bajo fianza de 75.000 euros para el cabecilla.
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