La gestión que realizó el PP en el Ayuntamiento de Marbella durante los últimos ocho años sigue dejando muchos puntos oscuros y uno de ellos es el tema laboral, vinculado al personal de alta dirección.
El pasado 14 de julio, el tripartito informaba
en rueda de prensa de que distintos cargos de confianza del PP en el Consistorio estaban planteando acciones judiciales para mantenerse en sus puestos pese al cambio de gobierno tras las elecciones.
Hace unos días, el 5 de abril, este digital ya publicó que una de esas personas, Alicia Aguilar, había conseguido que los tribunales le dieran la razón y, pese a acabar contrato como directora de RTV Marbella, ha tenido que ser readmitida como indefinida al estimarse que hubo un despido nulo.
Pues bien, otra persona vinculada al PP que denunció fue Cristina González, trabajadora del gabinete de prensa del Ayuntamiento, muy cercana a la anterior concejala de comunicación, María José Figueira, y que terminó contrato el pasado 31 de diciembre.
La titular del Juzgado de lo Social número 6 de Málaga, Victoria Gallego, sostiene en la sentencia, a la que ha tenido acceso
Marbella24horas, que hay que readmitirla y, además, abonarle su salario durante estos meses, salvo el tiempo en que haya estado trabajando en otro sitio.
Durante los últimos tres años, esta trabajadora encadenó contratos de alta dirección, con sucesivas prórrogas, aunque sin embargo ha conseguido probar en el juicio que era una trabajadora más y que no ocupaba ningún puesto directivo, aunque tuviera un sueldo como tal.
Por tanto, la jueza no da por buena la finalización de su vinculación y en cambio considera que se produjo un despido. Ahora volverá, conservando su nómina.
Cesión ilegal
Además, sostiene que ha existido "cesión ilegal a favor del Ayuntamiento", ya que Cristina González trabajaba en el gabinete de prensa pero lo hacía con contratos con dos sociedades municipales, RTV Marbella y Palacio de Congresos, por los que cobraba 3.000 euros al mes.
La trabajadora ha aportado durante el juicio dos cartas de recomendación, firmadas por la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz, y por la citada concejala de Comunicación, en las que ambas reconocen que estuvo esos tres años en el departamento de prensa.
Ambas tienen fecha de 12 de junio de 2016, el último día del gobierno del PP, ya que al siguiente fue investido alcalde el socialista José Bernal.
Resulta evidente que ambas podrían haber intuido que Cristina González abandonaría su puesto y buscaron facilitarle que encontrara otro trabajo, o bien le podrían haber intentado poner en bandeja que se quedara tras presentar, como hizo, una demanda.
En estas cartas, que han sido claves, la califican como "una persona responsable, con iniciativa y eficiente en las tareas que ha desarrollado" en el gabinete de prensa.
Tras acabar su contrato, el pasado 31 de diciembre, esta trabajadora optó por recurrir a la justicia, que ha fallado a su favor en primera instancia.
La sentencia considera que se ha producido un despido improcedente, ordena su readmisión en lugar de cobrar indemnización al poder acogerse al convenio colectivo y que se reincorpore a su puesto en el Ayuntamiento, donde seguirá cobrando 36.000 euros al año.
Por lo tanto, pese a ser personal de alta dirección en la época del PP y cobrar por ello, ha logrado demostrar que hacía funciones ajenas a puestos directivos y, al tener contratos sucesivos en fraude de ley, consigue quedarse en el Consistorio con el mismo sueldo.
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