El pasado 16 de enero, La Sexta destapó un nuevo escándalo urbanístico en Marbella, donde el Ayuntamiento había dejado caducar el expediente de disciplina urbanística a un sobrino de la alcaldesa de Marbella por realizar unas obras ilegales en una vivienda.
Las obras se detectaron a
comienzos de 2015 y en julio de 2022 se archivó definitivamente sin multa, que podría haber alcanzado los 82.000 euros, ni restablecimiento de la legalidad.
Así lo demostraba la
documentación oficial mostrada por este canal de televisión con
dos decretos firmados por la concejala de Urbanismo, Francisca Caracuel, en enero de 2020 y julio de 2022.
Ante su comparecencia esta mañana en una rueda de prensa,
Marbella24horas le ha pedido que aclarara este asunto.
Caracuel se ha mostrado
especialmente tensa, ha dado respuestas genéricas y ha intentado
cortar las preguntas que se le lanzaban.
Al final, ha espetado: "Voy a
terminar la rueda de prensa y no voy a admitir más preguntas sobre este tema", ha dicho, nerviosa y con actitud prepotente.
Hasta llegar a ese punto, en el que hizo oídos sordos a más preguntas,
no quiso dar detalles sobre lo ocurrido con el familiar de la alcaldesa.
"No voy a destripar ni a bajar al detalle de explicar aquí
ningún expediente, si llega el momento de hacerlo en otras circunstancias se hará o en otra rueda de prensa, que
hoy no toca", ha dicho.
Únicamente ha ofrecido una respuesta genérica. "De forma general, todos los expedientes, hayan ido a nombre de quien hayan ido, o hayan salido en prensa por filtraciones, se han tramitado igual,
cumpliendo la legislación, no hay ninguna irregularidad", ha explicado.
Ha llegado a hablar de "informaciones sesgadas,
erróneas y falsas" y también de "mucha mala fe".
Para justificar que no quería responder ha dicho: "le conteste lo que le conteste, va a poner
lo que le da la gana, ¿qué hacemos?".
Hasta ha recurrido a una media verdad al decir que "fue el PSOE el que
cerró el expediente".
Como ya explicamos, en
noviembre de 2015 se declaró nulo el Plan General de 2010 y el expediente se cerró para reabrirse conforme al PGOU de 1986.
El
20 de enero de 2020, fue ella, Francisca Caracuel, quien firmó un decreto en el que se acordaba la
caducidad del expediente sancionador al no haberse comunicado la resolución y haber pasado un año.
Esta parte, además, quedó archivada, ya no se podía reabrir, al considerarse prescrita por haber transcurrido al menos cuatro años.
El
13 de julio de 2022, Caracuel firmó un nuevo decreto en el que se dio por caducado, por el mismo motivo, el
procedimiento legalizador.
Sobre estos dos decretos
no ha querido decir absolutamente nada, en un silencio muy significativo.
Tampoco ha respondido a la pregunta sobre por qué
no se notificaron las resoluciones al implicado, lo que hizo caducar los expedientes.
(1).jpg)
Decreto firmado por Francisca Caracuel el 13 de julio de 2022. 
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos
