Los ediles han recordado que, en pro de este objetivo, han mantenido reuniones con trabajadores y representantes sindicales de las que extrajeron conclusiones con las que elaboraron un documento con diversas propuestas para favorecer la viabilidad económica de la residencia y mejorar sus servicios.
También apostaron por abrir el centro a otras actividades vinculadas con la función social que desempeña, como, por ejemplo, que los vecinos de Las Chapas y del resto del municipio pudieran beneficiarse de algunas de sus instalaciones. “Vamos a insistir ante el Gobierno andaluz para que estas medidas se acaben convirtiendo en una realidad”, ha señalado Monterroso.
El especial interés que muestra IU por la residencia, pues permite poner en práctica un tipo de turismo de importante calado social, ha motivado que la formación presente en el Parlamento de Andalucía varias iniciativas a las que la Consejería de Empleo, que gestiona el equipamiento, ha respondido reiterando “la irrenunciable función social y de gestión pública, anunciando que valora medidas para la eficiencia de la administración de los recursos del equipamiento.
Desde la consejería se ha explicado que la apertura por seis meses se debe a la política restrictiva de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "que ha impuesto el gobierno popular de Mariano Rajoy”, ha añadido el edil.
Los concejales han criticado que el PP arremeta contra la situación de la residencia cuando son “los recortes e imposiciones restrictivas en materia económica de Rajoy y Montoro los que han causado el cierre anticipado del año pasado y la reducción en tres meses de la temporada de este ejercicio”.
“Si el PP gobernara la Junta, el debate no estaría en el periodo de apertura del centro, sino en la modalidad de gestión, que pasaría a ser privada, y en la reducción de la plantilla. Un buen ejemplo lo encontramos en el caso de la red de Paradores, gestionado por el Gobierno central, en la que el PP ha aplicado un ERE que ha conllevado hasta 350 despidos y el cierre de uno de sus establecimientos”, ha apuntado Díaz.
Los concejales han aplaudido la inminente apertura de la residencia, a pesar de las dificultades económicas en que ha tenido que hacerlo como consecuencia de los ajustes del PP. Han señalado, sin embargo, que el equipamiento tiene que estar operativo todo el año, para lo que es necesario, han apuntado, una profunda transformación del modelo de gestión desde lo público para conservar la función social, el activo más importante del centro. “Hay que abrirla a nuevos usuarios, nuevos colectivos. Mejorar la gestión económica y permitir el uso y disfrute de los vecinos”, ha señalado Díaz.
Los concejales de la formación de izquierdas han destacado especialmente el papel que desempeñan los empleados. “Han demostrado en numerosas ocasiones la gran profesionalidad que atesoran, su capacidad de resistir ante la difícil situación actual y su implicación en la defensa y recuperación de este baluarte social tan importante”, han concluido.
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